RESEÑA HISTORICA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR
Antecedentes históricos
El 15 de septiembre de 1821, Centro América se independizó de España. Los próceres firmaron el Acta de Independencia, documento en el cual se ordenó la acuñación de una moneda conmemorativa, que no tenía poder liberatorio. Después el Gobierno Federal decretó la acuñación de la moneda nacional en piezas de oro y plata, con la inscripción “Libre crezca fecundo” y el árbol de la libertad y en el reverso grabados los cinco volcanes representando los cinco estados federales, con la inscripción “República del Centro de América – 15 de septiembre de 1821”, que se diferenciaban de las monedas conmemorativas acuñadas anteriormente solamente por su tamaño e insignias de su valor y en que las piezas de plata tenían una “R” de reales y las de oro una “E”, por Escudos.
Habiendo tenido escasez de moneda en los años posteriores a 1830 se dio curso legal a moneda suramericana, española y de Estados Unidos de América, así como también a los macacos, morlacos o moneda macuquina, que eran monedas de plata recortada de cuños antiguos que existían en el país, hasta que en marzo de 1849 se autorizó el establecimiento del cuño federal.
Durante la administración del doctor Rafael Zaldívar, en febrero de 1883, se creó la Casa Nacional de la Moneda, para acuñar la unidad monetaria de la República, que sería el peso fuerte, dividido en cien centavos, y que tendría curso legal. Porque también entonces, se adoptó el sistema métrico – decimal para el valor de la moneda y para la contabilidad y las operaciones monetarias. Las tablas de acuñación de la ley de 1883 no tuvieron efectividad. En 1892, el poder ejecutivo reformó el decreto y delegó la fabricación de moneda a The Central American Mint Limited, bajo el Gobierno del General Ezeta. El 1º. de octubre del mismo año, cambió el nombre de la unidad monetaria de peso a colón, en memoria de Cristóbal Colón, descubridor de América.
Por ese mismo año, comenzó a sentirse una grave perturbación económica en la República, la que afectó los intereses de la agricultura y el comercio. El sistema bimetalista resultó insostenible no solo debido a la depreciación que sufrió la plata, sino porque el país contaba con una producción de metales que apenas alcanzaba para suplir las necesidades del cuño. Los productos de exportación eran pagados en oro, pero existía un desequilibrio en la importación y la exportación. La devaluación llegaba al 60% ó 70%. Los bancos y los agiotistas hicieron liga en común para levantar el tipo de cambio y sacar ganancias.
La economía y el café
En 1897, el país sufrió una gran contracción del medio circulante. El Gobierno del General Rafael Gutiérrez trató de ayudar a los agricultores y los trabajos de recolección de la cosecha de café, que era entonces la base de la economía salvadoreña, al comercio y a los propios bancos de emisión. En esa época los bancos ofrecieron rebajar los tipos de descuento al 10% anual pues se temía que desapareciera de la circulación el billete bancario que había llegado a reemplazar en alto porcentaje, los pagos en moneda metálica. El 8 de diciembre de 1897, se declaró la Moratoria Bancaria mediante la cual fueron exonerados los bancos de cumplir su compromiso de cambiar sus billetes por moneda metálica. Años después, se declararon nuevas Moratorias Bancarias en 1913 y en 1914, extendiendo su alcance al pago de las obligaciones bancarias por un tiempo determinado, reducciones en la tasa de interés, prohibición de nuevas emisiones, entre otros.
Ya en 1919 comenzaron a sentirse otros problemas económicos en el país; algunos de ellos tenían origen externo, pues eran secuelas de la Primera Guerra Mundial que hacía sentir sus efectos económicos, tales como el retiro de la moneda metálica y el sometimiento de los países a un sistema de papel moneda y la interrupción del comercio exterior por falta de transportes marítimos. Los bancos que tenían facultad para emitir billetes, aumentaron sus capitales para acrecentar el poder emisor. Ligado al problema de la circulación, estaba el de las fluctuaciones del cambio.
Por otra parte, las finanzas de los empresarios mantenían un estado de inseguridad debido a la inconsistencia de la moneda y a la inestabilidad de los tipos de cambio. La nación perdía cantidades considerables de dinero a causa del sistema monetario inseguro, que daba facilidad para la especulación, y a las fluctuaciones continuas en el tipo de cambio que afectaban su comercio exterior. La agricultura, especialmente los cultivadores de café, vivían crónicamente comprometidos. Los negociantes nativos no conocían la especulación y estaban frente a la competencia de una inmigración activa, preparada en el arte de comprar para exportar e importar para vender.
La fijación de la paridad del colón fue muy discutida, porque lo que para los comerciantes era pérdida para los agricultores era ganancia, dependiendo de quién importaba y quién exportaba. Los agricultores eran perjudicados por un cambio bajo, por su doble situación de productores y deudores.
Bancos emisores finales siglo XIX – principios del siglo XX
Por muchos años la función de emisor de billetes estaba encomendada a los bancos comerciales. Así, muchos bancos, desde su creación a finales del siglo XIX, tenían la facultad para emitir billetes que circulaban en el país y eran generalmente aceptados por la población. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran bancos de emisión los bancos Agrícola Comercial, Salvadoreño, Occidental. El Banco Internacional de El Salvador también había tenido autorización para la emisión de billetes, facultad que se le otorgó por 25 años a partir de 1880 y que caducó en 1905.
Crisis de los años 30
El desorden de la hacienda pública llevó a obtener un préstamo en 1922, pues había habido largos rezagos en los pagos de la Tesorería General y el comercio de compra-venta de recibos y documentos del Estado floreció y se intensificó como nunca. Se insistió en que no se volvería a incurrir en los mismos errores y desorden, pero solo fueron propósitos, pues los déficit se sucedían al final de cada año fiscal.
Hubo alguna abundancia hasta 1929, que no supo aprovechar el Estado, pues en vez de construir una reserva se dedicaron al derroche desenfrenado, comprometiendo aún el porvenir. Durante la década de 1920 a 1930, El Salvador exportaba café, azúcar, bálsamo y henequén. El café representaba el 93% de las exportaciones y los precios del café y del azúcar subían constantemente. El proceso de depresión en el país ocurrió por las siguientes causas: el precio del café cayó en el mercado, el valor de las exportaciones también disminuyó, hubo un desequilibrio de la Balanza de Pagos, una subida del tipo de cambio y salida de oro del país, se contrajo la circulación de moneda, hubo desempleo y bajaron los precios y las rentas.
Aumentó la desocupación, bajaron los salarios y los ingresos mínimos llegaron a los niveles inferiores no conocidos con anterioridad. En vista de que las reservas de oro estaban disminuyendo notablemente, el Gobierno del Ingeniero Arturo Araujo decidió crear un Fondo intangible de oro en custodia y dictar una serie de medidas de emergencia que se resumieron en la inconvertibilidad de los billetes, el oro guardado en sótanos bajo sello, la obligación de expandir el crédito por los bancos y una tasa de cambio del 105%.
En 1932 el ciclo depresivo se inició con las características clásicas: alza de precios, que revelaba la actividad del consumo, abundancia de numerario y facilidades de créditos, síntomas inequívocos de la existencia de capitales ociosos, entre otros. Casi de inmediato se revirtió y se convirtió en una baja en el consumo, reducción de la moneda, desaparición del crédito, elevación de las tasas de descuento, bajas de los salarios y desocupación, llevando a la mano de obra inminentemente al paro.
Los bancos habían seguido los lineamientos y modalidades señaladas por los acontecimientos depresivos. La restricción de sus operaciones se produjo en la justa proporción indicada por la fuerza de las circunstancias, para no precipitar liquidaciones violentas y quiebras, aunque se registraron algunas. El Estado calificó la conducta de los bancos, como excesivamente prudente, al grado que contribuyeron en la formación de una crisis de artificio, basada en la carencia de confianza en vez de cooperar a la creación de una atmósfera favorable, al paralizar sus operaciones de crédito, y colocaron al público en una situación desesperante. Es precisamente en las épocas depresivas cuando las instituciones de crédito deben desempeñar su misión.
Informe Powell
Durante la presidencia del General Maximiliano Hernández Martinez, en 1933, se solicitó al Banco de Inglaterra que enviara un experto en banca central para analizar el servicio bancario con que contaba el país. Así, vino al país el señor Frederick Francis Joseph Powell, en representación de la Tesorería Inglesa y con el apoyo del Banco de Inglaterra, y fue asistido por un colaborador, el señor Gordon V. Richdale y su secretaria. Entonces, el sistema bancario estaba integrado por tres bancos salvadoreños de carácter comercial con facultad de emitir billetes, regulados por la Ley de Bancos de Emisión, de 1889 y de 1917, y una sucursal del “Commercial Bank of Spanish America” de origen inglés, que posteriormente se convirtió en Banco Anglo Sud-Americano Ltd.
La experiencia del Sr. Powell indicaba que, para fundar un banco central, no se requería de un gran capital. Aconsejó transformar en Banco Central el Banco Agrícola Comercial de entonces, del cual ya era accionista mayoritario el Gobierno, por haber comprado 7,897 acciones a don Rodolfo Duke, por un total de ¢1,075,729.34. Para el pago de esta acciones el Estado obtuvo un préstamo del Banco Agrícola Comercial, por ¢1,200,000.00, que fue cancelado por el Gobierno con el 49.60% de los impuestos de la exportación de café, por lo que las acciones adquiridas las traspasó a la Asociación Cafetalera de El Salvador, en acatamiento de la ley.
El 8 de marzo de 1934, el Señor Powell rindió su informe “Breve Resumen del Plan” al Ministro de Hacienda, Doctor Carlos Menéndez Castro, en el que manifestaba “es deseable la organización de un sistema bancario central que satisfaga las necesidades del país… y debe introducirse sin demora.”
El Sr. Powell indicaba en su Informe que se requerían ciertas condiciones fundamentales para la fundación exitosa del Banco Central, entre las que mencionó que el presupuesto nacional se mantuviera en equilibrio, que las distintas emisiones de billetes fueran amalgamadas en un solo banco, y que los valores que respaldan la emisión de billetes y que no fueran aceptables por el Banco Central, permanecieran para su liquidación en una cuenta especial del Gobierno.
Además, en lo referente al Banco Central, pedía el Informe que debería estar libre de toda influencia del Gobierno, reglamentado y administrador en forma estricta, para asegurar su liquidez. Su capital no debería ser muy grande y debería quedar en manos del público y de los bancos, sin participación del Gobierno en el capital. El oro transferido en garantía de la emisión de billetes, debería ser revaluado sobre la legislación de los Estados Unidos de América, pero no se haría ninguna revaluación hasta que se estabilizara legalmente el colón.
Por otra parte, el Banco debería conservar los depósitos del Gobierno y los saldos de los bancos comerciales por el 10% de sus depósitos, además de un encaje adicional en efectivo del 10% que debería ser conservado por los bancos en billetes del Banco Central o en moneda subsidiaria. No podría conceder adelantos al Gobierno, excepto aquellos para cubrir necesidades transitorias. No debería competir activamente con los bancos comerciales.
Su junta directiva debería ser representativa de los diferentes intereses importantes del país y electa por los accionistas de acuerdo a los estatutos. Se obligaba a mantener una reserva mínima de oro del 30% en respaldo de sus billetes y obligaciones a la vista y, hasta que se estabilizara el colón, debería preocuparse por disminuir fluctuaciones violentas en el cambio con relación al dólar. Una de sus funciones principales sería ésta: mantener el valor externo de la unidad monetaria nacional y estar en condiciones de redimir sus billetes a la vista.
Así, el primer deber del Comité Organizador, que estaba presidido por el Ministro de Hacienda, fue negociar con los bancos existentes para que renunciaran al privilegio de la emisión de billetes. Para la década de los 30, los emisores eran los bancos Salvadoreño, Occidental y Agrícola Comercial, que habían sido fundados en 1885, 1889 y 1895.
La fundación del Banco Central de Reserva confrontaba un impedimento de orden legal. El 9 de mayo de 1922, el Poder Legislativo, durante la presidencia de don Jorge Meléndez, y el Ministro de Hacienda, doctor Reyes Arrieta Rossi, habían acordado autorizar a los Bancos Salvadoreño, Occidental y Agrícola Comercial, como Bancos de Emisión. Esta autorización caducaría el 31 de diciembre de 1950. Ante este hecho, el Gobierno planteó a los Bancos Salvadoreño y Occidental la conveniencia de convertir al Banco Agrícola Comercial en el Banco Central de Reserva de El Salvador, lo que requería que los dos bancos renunciaran a sus derechos de emisión. El Estado para entonces, se había convertido ya en accionista mayoritario del Banco Agrícola Comercial.
Por la renuncia de los bancos a su derecho de emisión durante los 16 años que faltaban para el plazo de la concesión, el Gobierno reconoció una indemnización de ¢4,497,106.00. La mitad fue pagada con la condonación de impuestos sobre la emisión de billetes y sobre utilidades de los bancos, que no habían sido recaudados y el resto, se canceló deduciéndolos del total de créditos que los Bancos entregaron en pago de la emisión, según los convenios correspondientes celebrados entre ellos y el Gobierno.
Creación del Banco Central de Reserva de El Salvador
Así, ante el Comité Organizador, se realizó el traslado del oro acuñado que respaldaba los billetes en circulación de las bóvedas del Banco Salvadoreño y del Banco Occidental, a las del nuevo Banco Central de Reserva de El Salvador, que comenzó a operar en el antiguo edificio del Banco Agrícola Comercial, en donde actualmente se encuentra el Museo y Biblioteca “Luis Alfaro Durán”, ubicado en la 2ª. Calle Oriente NO. 225, de San Salvador.
El Banco Central de Reserva de El Salvador, que fue fundado como Sociedad Anónima, el 19 de junio de 1934, comenzó a operar el 5 de Julio de ese mismo año. Sus objetivos fueron controlar el volumen del crédito y la demanda del medio circulante, asegurando la estabilidad del valor externo del Colón, regulando la expansión o contracción del crédito y fortaleciendo la liquidez de los bancos comerciales, mediante un fondo central de reserva bancaria bajo su control. Se le facultó para emitir moneda con carácter exclusivo. El Banco funcionó durante 27 años como sociedad anónima, manteniendo su imagen de austeridad y sanidad.
El General Hernández Martínez nombró como Presidente de la Institución, a don Luis Alfaro Durán, a recomendación del Sr. Powell, quien se distinguió por su conducta rectilínea y su notorio interés en el progreso del país. El Sr. Alfaro no tenía ambiciones políticas de carácter personal, condición que se consideró esencial para ejercer el cargo con absoluta independencia; además contaba con experiencia agropecuaria y hablaba inglés y francés. Don Luis Alfaro Durán presidió al Banco Central hasta el 16 de febrero de 1954.
Estatización del Banco Central
Siendo Presidente del Banco Central el Señor Carlos Canessa, el 20 de abril de 1961, mediante la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, el Banco Central se convirtió en entidad del Estado de carácter público, reorganizando y modificando sus funciones originales. En julio de 1961, fue nombrado Presidente de la Institución el Doctor Francisco Aquino. Luego, fue aprobada la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador el 15 de diciembre de 1961 y, en ella, se establecieron los siguientes objetivos: promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional; mantener la estabilidad monetaria del país; preservar el valor internacional del Colón y su convertibilidad; y coordinar la política monetaria del Banco Central con la política económica del Estado. Dentro de la organización y administración del Banco, se creó la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, para supervisar al sistema financiero.
El Banco Central trasladó sus oficinas al edificio ubicado en la 1ª. Calle Poniente y 7ª, Avenida Norte, en San Salvador, edificio que fue construido especialmente para albergar las oficinas y las nuevas bóvedas.
El 17 de septiembre de 1970, se emitió la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, permitiendo a las autoridades regular las actividades monetarias, crediticias, financieras y cambiarias del sistema financiero. Luego, con la Ley de Creación de la Junta Monetaria, decretada el 23 de agosto de 1973, se concentró la formulación y dirección de las políticas monetarias y financieras en un nuevo ente del Estado y el Banco Central se convirtió en ejecutor de las resoluciones. Asimismo, esta misma Ley estableció que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dependería de la Junta Monetaria.
Posteriormente, el 25 de marzo de 1982, siendo Presidente del Banco Central el Licenciado Alberto Benítez Bonilla, se emitió la Ley del Régimen Monetario, que depositó el manejo de las medidas monetarias, cambiarias y crediticias en el Estado, por medio de la Junta Monetaria.
Nacionalización de las instituciones de crédito y asociaciones de ahorro y préstamo
El 7 de marzo de 1980 marcó un nuevo hito en la historia económica y financiera de El Salvador. Ese día, siendo Presidente del Banco Central el Doctor Pedro Abelardo Delgado, se aprobó la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, mediante la cual las acciones del sistema financiero pasaron a ser propiedad del Estado.
Los consejos de administración y los altos funcionarios de las instituciones financieras fueron cesados y sustituidos, momentáneamente, por interventores del Banco Central de Reservas de El Salvador. De acuerdo con lo establecido por el decreto de nacionalización, los antiguos propietarios dispondrían de un 29% de las acciones de los bancos, aunque esta. Ningún grupo económico, ninguna familia, ningún accionista a título personal podría participar en más de un banco. Además, el 51% de los títulos de propiedad de las instituciones expropiadas quedó en manos del Estado y el 20% restante se ofreció a los empleados y trabajadores.
El decreto fue promulgado, entre otras razones, para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población. Para esto, se “reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país”. (La Nacionalización de la Banca en El Salvador, su Justificación. Luis Adalberto Canjura. Banco Central de Reserva de El Salvador, Octubre 1980).
Los bancos permanecieron nacionalizados por más de una década, hasta que en 1990, se dio paso a un Programa de Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero en preparación de la nueva privatización de la banca.
Re – Privatización de las instituciones financieras
En julio de 1989, bajo la presidencia del Lic. Alfredo Cristiani, y siendo Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Ingeniero Roberto Orellana Milla, se inició el Programa de Reformas al Sistema Financiero, el cual fue parte esencial del Programa Económico de Mediano Plazo del Gobierno, que estableció el nuevo papel del Banco Central y redefinió las políticas monetaria, crediticia y cambiaria. Se readecuó el marco legal e institucional aprobando nuevas leyes y reformas para fortalecer al sistema financiero, con el fin de proceder a su privatización.
El 6 de diciembre de 1990 se aprobó la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, considerando que le correspondía “al Estado asumir la responsabilidad del saneamiento de dichas instituciones financieras”, para garantizar la sanidad de su cartera, en preparación de la reprivatización de éstas. Así, entre 1991 y 1994 se vendieron las acciones de las instituciones financieras propiedad del Estado a accionistas particulares, quedando nuevamente las instituciones en manos privadas.
Se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero el 22 de noviembre de 1990, para fortalecer la supervisión bancaria. La Superintendencia se definió como una institución con autonomía en lo administrativo, en lo presupuestario y en el ejercicio de sus atribuciones. Es el ente que fiscaliza al Banco Central de Reserva, así como todas las instituciones integrantes del sistema financiero y asumió la supervisión prudencial del sistema financiero con total autonomía del Banco Central.
El 12 de abril de 1991 fue aprobada la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, definiéndolo como una institución pública, autónoma y de carácter técnico. Fijó como su objetivo fundamental, velar por la estabilidad de la moneda y, como su finalidad esencial, promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias, crediticias y financieras más favorables para la estabilidad de la economía nacional.
La nueva Ley Orgánica eliminó la facultad de controlar el destino del crédito, prohibiendo otorgar financiamiento al Estado y a las empresas públicas, permitiéndole de esta manera cumplir su propósito fundamental de mantener la estabilidad monetaria. Obligó al Banco Central a divulgar ampliamente la información económica y estadística que genera, con el fin de propiciar una mayor transparencia en sus operaciones. Eliminó la facultad del Banco Central de fijar las tasas de interés y el tipo de cambio y sólo podía influir sobre estas variables, a través de operaciones de mercado abierto.
La responsabilidad del Banco Central de otorgar crédito al sector privado, a través del sistema financiero fue trasladada a una nueva institución, el Banco Multisectorial de Inversiones, al aprobar su Ley de Creación, el 21 de abril de 1994.
Continuando con su facultad exclusiva de emitir billetes, en noviembre de 1997, el Banco Central de Reserva puso en circulación la segunda familia de billetes desde su fundación. Los colones fueron rediseñados totalmente, con nuevas características y mejores medidas de seguridad para evitar las falsificaciones. Además, se incluyó en la nueva familia una nueva denominación: el billete de ¢200.00.
A finales del año 2000, se acuñó una moneda de cinco colones y se fabricó un nuevo billete de ¢500.00 que se uniría a la nueva familia de billetes. Sin embargo, estos no llegaron a circular, pues el 1 de enero de 2001 entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria.
Ley de Integración Monetaria
Siendo Presidente de la República el Licenciado Francisco Flores, y Presidente del Banco Central, el Licenciado Rafael Barraza, el 30 de noviembre de 2000 fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley de Integración Monetaria -LIM, que entró en vigencia el 1 de enero de 2001. La Ley estableció un tipo de cambio fijo e inalterable entre el colón y el dólar de los Estados Unidos de América, a razón de ocho colones setenta y cinco centavos por dólar, otorgándole al dólar curso legal irrestricto con poder liberatorio para el pago de obligaciones en dinero en el territorio nacional. La Ley permitió también la contratación de obligaciones monetarias expresadas en cualquier otra moneda de legal circulación en el extranjero.
No obstante, la Ley, en su artículo 5, estipuló que los billetes de colón y sus monedas fraccionarias, emitidos antes de la vigencia de la ley, continuarían teniendo curso legal irrestricto en forma permanente, pero las instituciones del sistema bancario deberían cambiarlos por dólares al serles presentados para cualquier transacción.
De la misma manera, en el artículo 9, la Ley estableció que “todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones, emisión de títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros contables del sistema financiero, se expresarán en dólares. Las operaciones o transacciones del Sistema Financiero que se hayan realizado o pactado en colones con anterioridad a la vigencia de esta ley, se expresarán en dólares al tipo de cambio establecido en esta ley. Los titulares de cuentas de ahorro, títulos valores, cuentas corrientes y cualesquiera otros documentos bancarios, de pólizas de seguros, de títulos valores que se coloquen y negocien en la bolsa de valores, de acciones, obligaciones negociables o bonos de otros títulos podrán solicitar a la respectiva entidad emisora, la reposición de los documentos en que consten los derechos derivados de los mismos, por otros con los valores expresados en dólares al tipo de cambio establecido en el Art. 1 de esta Ley y aquella estará obligada a realizar la reposición. Si la reposición no se efectúa, el valor respectivo expresado en colones se estimará expresado en dólares, al tipo de cambio establecido en esta ley, para todos los efectos que resulten del valor consignado en el documento”.
Asimismo, derogó algunos artículos de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador y reformó otros. Con estas modificaciones a la Ley Orgánica, se le retiró al Banco Central la facultad de emitir especies monetarias y la función de coordinar la política monetaria con las restantes políticas económicas que establece el Gobierno de la República.
Nuevas funciones del Banco Central de Reserva
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, el Banco Central de Reserva cambió algunas de sus funciones. Ahora, se concentra en el manejo de las siguientes áreas estratégicas para la economía del país:
