El desarrollo de la normativa prudencial es un eje temático transversal para todos los mercados. El objetivo de esta línea es fortalecer los niveles de solvencia, mejorar la calidad del capital y las prácticas de gestión de riesgos de las entidades del sistema financiero, especialmente de bancos y aseguradoras, mediante la adopción paulatina de mejores estándares.

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo formal que fortalizca la coordinación entre los miembros de la red de seguridad, los sistemas de seguimiento macroprudencial, la gestión de liquidez para el sistema y el manejo de entidades en problemas. Dentro de este eje, resulta primordial considerar la revisión de los procedimientos de resolución bancaria, el diseño de mecanismos para el fortalecimiento del seguro de depósitos, entre otros temas.

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo que favorezca la prestación de servicios financieros, especialmente a sectores productivos y segmentos de menores ingresos. En este sentido, las normas desarrolladas buscan fortalecer los canales e instrumentos de acceso que propicien la vinculación al sistema financiero con sectores que tradicionalmente han estado por fuera de éste, considerando disposiciones sobre corresponsales no bancarios, banca electrónica, banca móvil, entre otros.
El fortalecimiento de la banca como mecanismo de financiamiento de la actividad productiva se puede impulsar de manera significativa a través del marco regulatorio, siendo necesario que, en todo caso, se pondere juiciosamente ese propósito con una adecuada gestión de riesgos por parte de las instituciones.

El objetivo de esta línea es adoptar un marco normativo moderno que propicie el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño, facilitando su integración con otros mercados de la región. Para ello, se persigue la racionalización de la carga regulatoria de algunos procesos, así como la emisión de normativa tendiente a promover el desarrollo de nuevos productos y flexibilizar algunos regímenes de inversión, entre otros temas.

La adopción de estas Normas es un imperativo para la adecuada revelación de la condición financiera de los entes económicos, facilitando una adecuada comparación a nivel internacional. Con la implementación de NIIF se incrementan los niveles de confianza sobre la información presentada por el sistema financiero, consolidando así el interés de inversión en diversos sectores y por ende, el desarrollo del sistema. No obstante, es importante mencionar que se reserva el derecho de emitir normativa contable propia en caso que el enfoque prudencial así lo requiera.

El objetivo de esta línea es promover la adopción de disposiciones legales que consoliden la viabilidad del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). Así mismo, en esta línea se considera la normativa relacionada con el Sistema Público de Pensiones (SPP), ya que aún se encuentra en una fase de transición y, por tanto, existe un grupo importante de afiliados y pensionados para quienes es necesario desarrollar normativa específica.

La séptima línea estratégica está relacionada con otros temas relevantes del sistema financiero, incluyendo los relativos a la conducta del mercado y la protección del consumidor financiero. Las normas emitidas en esta línea pretenden, entre otros, propiciar la transparencia, calidad y oportunidad de la información entregada a los usuarios de servicios financieros, así como el uso adecuado de información privilegiada, de tal manera de contar con regulaciones que fortalezcan la confianza de los participantes en el sistema financiero.

De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República de El Salvador, es atribución y obligación del Presidente de la República, decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde.

Comprende el conjunto de reglamentos, normas e instructivos que son complementarios a las leyes que rigen el sistema financiero salvadoreño, las cuales tienen por objeto regular las operaciones de las instituciones; por ejemplo, las relacionadas al funcionamiento del sistema de pagos y la vigilancia de la liquidez del sistema financiero.

La Ley del Mercado de Valores así como la Ley de Bolsas de Productos y Servicios facultan a las Bolsas de Valores, a las Sociedades Especializadas en el Depósito y Custodia de Valores y a las Bolsas de Productos y Servicios, a emitir Reglamentos, Manuales, Instructivos y demás normativa interna con el objeto de asegurar la existencia de mercados transparentes, equitativos, compartivos, ordenados, seguros e informados.

El artículo 100 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que previo a la aprobación de normas técnicas, estas se pondrán a consulta de los supervisados a fin de que, si lo estiman conveniente, puedan emitir sus observaciones debidamente razonadas dentro del plazo que al respecto se les establezca. La consulta podrá efectuarse por medio de comités consultivos multidisciplinarios conformados según la materia a normar. En ningún caso las referidas observaciones serán vinculantes.

De conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, le corresponde al Banco Central por medio de su Presidente, proponer al Presidente de la República la emisión, modificación y derogación de Reglamentos que establecen la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la Ley de Sociedades de Seguros, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, y cualquier otro que establezcan las leyes que regulan a los integrantes del Sistema Financiero.

El artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que corresponderá al Comité de Normas emitir otras resoluciones que señalen las leyes. Asimismo, le corresponderá al Banco Central, la aprobación de las demás resoluciones que, en el ámbito de su competencia, resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema de Supervisión y Regulación Financiera, así como para la aplicación de la referida Ley y en las demás leyes aplicables a los supervisados.